La hospitalidad, presente de Norte a Sur

Las informaciones aparecidas hace unas semanas en las que se comunicaba que el Gobierno podría dar marcha atrás en la confusa redacción del artículo 318 bis del Código Penal daban pie a pensar que la actividad de la campaña Salvemos la Hospitalidad podía verse reducida. Nada más lejos de la realidad: varias entidades nuevas han mostrado su apoyo a la hospitalidad.

Aragón está siendo un foco importante de actividad, donde Ayuntamientos como los de Zaragoza, Cadrete o Graus, así como el propio Parlamento Autonómico, ya habían dado su ‘sí’ a las diferentes mociones presentadas. Ahora se han sumado dos nuevos municipios a la campaña. Se trata de los de Ricla (Zaragoza), donde fue presentada por Médicos del Mundo, y Huesca, donde llevaron la iniciativa la asociación Alouda y EQUO, con el apoyo de numerosas entidades sociales.

Si en Aragón la actividad está siendo incesante, hay otras zonas que empiezan a moverse poco a poco. Es el caso de Extremadura, donde Vivares (provincia de Badajoz) se ha convertido en el primer municipio de la región en presentar y aprobar la moción.

Otro foco importante de actividad es el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz. Allí, las asociaciones Algeciras Acoge y APDHA presentaron mociones en cada una de los municipios que componen la comarca, corriendo suertes dispares. Ahora, un nuevo municipio ha dado el visto bueno a mostrar su apoyo a la hospitalidad. Se trata del municipio de Los Barrios, que aprobó la moción en el pleno municipal del pasado 8 de julio.

Además, el Parlamento de la Comunidad Valenciana ha sido el tercero en sumarse a la campaña, tras Aragón y Navarra. En el texto, aprobado el pasado 4 de julio, se expresa que “les Corts manifiestan su rechazo ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes y elevan este acuerdo al gobierno del Estado español”, y solicitan que se consideren como delito únicamente aquellas actitudes que impliquen tráfico ilícito de personas. Finalmente, se comprometen a desarrollar “políticas de promoción de convivencia en la Comunitat Valenciana, con independencia de cuáles sean el origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas”.

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