Primera concentración SALVEMOS LA HOSPITALIDAD

Hoy en Valencia hemos dicho NO a la reforma del del Anteproyecto del Código Penal cuyo artículo 318 criminaliza a personas y colectivos que "ayuden" a una persona que no tenga Permiso de Residencia

Ayudar a una persona no puede ser delito porque ninguna persona es ilegal. Sin embargo, el Gobierno ha presentado una propuesta de reforma del Código Penal para contemplar penas de hasta dos años de cárcel a quien colabore con inmigrantes que carecen de permiso de residencia. Por eso, bajo el lema ¡Salvemos la hospitalidad!, más de un centenar de integrantes de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el Foro Alternativo de la Inmigración han exigido esta mañana, ante la Delegación del Gobierno en Valencia, que se suprima esta modificación y que se reconozcan los derechos de todas las personas independientemente de la situación administrativa en que se encuentren. Los manifestantes hicieron un llamamiento a la sociedad civil para apoyar la hospitalidad y en contra de cualquier intento de criminalizar la solidaridad.

El nuevo art. 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal iguala conductas ilícitas e inmorales, como la trata de seres humanos y los abusos sobre las personas migrantes, con prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan “sin papeles” por España. Si se aprueba, las personas o instituciones que apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que transiten por España serán considerados criminales: detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas a hasta dos años de cárcel. Esta medida atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 1 declara el deber de los seres humanos de comportarse fraternalmente unos con otros, y contra el propio Código Penal español que tipifica como delito la no prestación de auxilio.

Esta treta del Ministerio de Justicia forma parte de la política del actual gobierno de atacar a los colectivos más vulnerables, quitándoles derechos fundamentales como la sanidad (25.000 personas han perdido su tarjeta sanitaria en nuestra comunidad) y ahora negándoles incluso la ayuda de las entidades humanitarias no gubernamentales.

Representantes del casi medio centenar de organizaciones que forman la tres plataformas mostraron carteles donde se autoinculpaban del “delito” de prestar apoyo a las personas que llegan de cualquier parte del mundo y expresaron su decisión de ejercer la insumisión si finalmente se ejecuta la reforma del código: “Si actuar con humanidad es un delito, queremos ser delincuentes y no cómplices de un gobierno racista y xenófobo”.

 

 

 

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